Mario Rovere
Médico sanitarista

El derecho a la salud es un enunciado sencillo, y sin embargo requiere de muchas explicaciones para poder enunciarlo aún como meta, deseo o valor, sin caer en el riesgo de idealización.

Su concreción y universalización requiere del cumplimiento de un conjunto de requisitos que incluyen una correcta conceptualización, la consolidación de actores sociales que lo promuevan y defiendan, marcos legales adecuados y el establecimiento de condiciones equitativas en varias esferas.

El concepto de equidad que en el entendimiento popular parece más técnico, liviano o menos exigente que el de igualdad o el de justicia social, es en realidad un concepto muy potente, si se lo considera en su acepción jurídica como "el perfeccionamiento de lo que es justo". Esta perspectiva puede suponer que no basta la igualdad, sino que hace falta brindar más a quien más necesita.

La asociación más frecuente del derecho a la salud es con la equidad en la atención, que puede suponer la garantía del acceso igualitario a servicios de salud de una calidad homologable. Se hace complejo el concepto si suponemos que esta equidad requiere de una adecuada asignación de recursos y que en ocasiones el criterio de economía de escala colisiona con el de distribución geográfica equitativa de los recursos, lo que se verifica en sentido extremo en la cobertura de las poblaciones rurales.

Allí no concluye la complejidad de esta equidad, ya que además la idea de equidad se construye con referencia a la existencia de "satisfactores", es decir, la disponibilidad de tecnología eficaz para resolver un problema de salud. Siendo la disponibilidad de "satisfactores-tecnologías" un campo en constante expansión (aun descartando las tecnologías de eficacia dudosa o poco comprobable). Esto hace de la equidad en la atención un verdadero objetivo-móvil.

A esto debemos añadir que si se considera que la globalización incluye una amplia e inmediata difusión de las nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas, y que los medios de comunicación han diluido las fronteras y quebrado las barreras geográficas y políticas, resulta cada vez más difícil concebir la equidad en la atención como un concepto nacional. El enunciado "a un coste que los países y las comunidades puedan afrontar" tal como afirmaba la declaración de Alma Ata, puede volverse insuficiente e impracticable en tiempos de globalización, en donde podría contraargumentarse que "cada vez que surge en cualquier lugar del planeta una tecnología eficaz para modificar favorablemente la historia natural o la difusión de una enfermedad, nace un derecho".

Un concepto incompleto. La equidad en la atención resulta insuficiente si no se complementa con medidas que tiendan a homologar los riesgos de enfermar, discapacitarse o morir por causas evitables (en ocasiones se califica los daños como "fácilmente evitables" para hacer referencia a que los daños de los que hablamos admiten medidas o técnicas preventivas relativamente simples o poco costosas). Este concepto -que podríamos denominar equidad en los riesgos- supone que ninguna equidad es completa si existen grupos sociales, barrios, grupos étnicos, localidades o países expuestos a riesgos ambientales, económicos o políticos inaceptables.

Estas "equidades" requieren un imprescindible complemento con la adecuada difusión de la información, que sustente al mismo tiempo un máximo de autonomía y toma de decisiones informada como ciudadano y como usuario de los servicios de salud. Lo que se puede denominar una equidad en el acceso a la información pertinente y comprensible, que permita una amplia participación, es decir, una equidad en la distribución del saber y del poder en salud.

Las esferas de la investigación, la gestión sanitaria, los procesos de formación de políticas de salud, la comunicación social y las instancias de participación ciudadana, han estado extremadamente desconectadas hasta el presente y es auspiciosa la promoción de experiencias crecientes de diálogo entre estas instancias en el propio ámbito de aplicación de las investigaciones. Es más bien un fenómeno reciente la preocupación por una adecuada democratización del conocimiento científico que acelere los procesos de difusión de conocimientos pertinentes, fortalezca la interrelación multidireccional entre estas esferas de actividad y favorezca los procesos de control social de los ejes de la producción científica, particularmente en momentos como los actuales, donde nos encontramos en las fronteras de descubrimientos y aplicaciones de repercusiones insospechadas para la humanidad.

En este sentido, resulta de vital importancia considerar que el derecho a la salud requiere la más estrecha colaboración e interrelación entre quienes producen conocimiento, los medios de difusión, los profesionales de salud, los investigadores y los tomadores de decisiones que brinden sustento a una participación ciudadana informada.

La fluida interrelación entre información, saber y poder explica de qué forma se puede interpretar la equidad en la información como una herramienta para la construcción de democracia, favoreciendo procesos de toma de decisión crecientemente participativos.

Así, equidad en la atención, equidad en los riesgos y equidad en la distribución de la información configuran un trípode orientado a respaldar el derecho a la salud.

El desarrollo humano. La casi totalidad de los procesos de Reforma Sectorial encaradas por los países de la región en la década del ‘90 se orientaron, al menos en sus enunciados, a garantizar la equidad en la atención de la salud. Sin embargo, en muchos casos la preocupación por el alcance de otros objetivos como el autofinanciamiento o la generación de mecanismos de competencia y facilidades para la instalación de nuevos agentes económicos, instaló tensiones que no siempre se dirimieron, en los hechos, en el sentido de la equidad.

Las propuestas de desarrollo humano sustentable sirven para enmarcar un conjunto de medidas concretas que pueden servir como ejes de orientación para promover la salud y reducir los riesgos de enfermar, discapacitarse o morir por causas evitables.

La perspectiva resulta de gran utilidad para romper las fuertes asimetrías que colocan al desarrollo social en una función subordinada, supletoria o compensadora de la política económica; al contrario, la idea de generar sinergias y reforzamientos recíprocos entre los sectores, resulta de especial interés y otorga a cada sector un rol y una responsabilidad en momentos de reconstrucción. Así lo social, lo ambiental, lo económico, lo científico-tecnológico y lo cultural, interactúan y contribuyen a consolidar un nuevo modelo de desarrollo.

Los ejes de democracia, gobernabilidad y salud, llaman la atención sobre la necesidad de profundizar los procesos de democratización y de generar canales de participación que fortalezcan formas de expresión ciudadana, y pueden resultar sustanciales para el alcance de la equidad en la distribución, circulación y accesibilidad del saber y en la democratización de la toma de decisiones en el campo de salud.

La consolidación de valores respaldados en legislación e instalados en la cultura de una sociedad, resultan un requisito necesario pero no suficiente para la construcción de ciudadanía. La propia noción de ciudadanía se ha extendido mucho más allá de los derechos políticos y hoy resulta cada vez más evidente que no hay democracia sin una equitativa distribución del ingreso, sin el efectivo ejercicio de los derechos sociales, sin canales que faciliten una participación activa de la población.

En este sentido resulta clave señalar que la construcción de ciudadanía requiere de una convergencia entre derechos y responsabilidades con actores y fuerzas sociales concretas que los respalden, que los defiendan, que los expresen impidiendo que éstos valores permanezcan en un nivel declarativo, y facilitando que se constituyan en agenda de amplios sectores de la sociedad: organizaciones comunitarias, trabajadores de salud, sindicatos, ONG´s, asociaciones profesionales, universidades y partidos políticos.

© La Voz del Interior